El sol de enero cae a plomo sobre la Región del Biobío, pero no es solo el calor extremo —que este sábado 17 de enero de 2026 rozó los 39 grados— lo que vuelve irrespirable el aire. Es el humo. Un manto gris, espeso, persistente, que cubre cerros, caminos rurales y poblaciones completas. Desde Copiulemu hasta Pichagaco, desde el Pretil hasta los cerros de Santa Juana, el paisaje es el mismo: llamas avanzando con una precisión inquietante, como si alguien las guiara.
La Alerta Roja se ha extendido como una herida abierta por Concepción, Penco, Coronel y Santa Juana, mientras nuevos focos aparecen de forma casi sincronizada en sectores rurales estratégicos. Ya no se trata solo de sequía ni de descuidos: en el Biobío el fuego tiene firma humana.
Crónica de un infierno provocado
La jornada ha sido frenética. En los sectores Puente 1, 2 y 3, camino a Cabrero, las sirenas no han dado tregua. Brigadas forestales, Bomberos, Carabineros y personal del Labocar trabajan no solo contra el fuego, sino también contra el tiempo y contra una verdad incómoda: la intencionalidad en los incendios forestales de la región supera ampliamente el promedio nacional.
En zonas como Copiulemu, los vecinos relatan haber visto vehículos detenerse brevemente en caminos secundarios, personas descendiendo con bidones y luego huir antes de que las primeras llamas se levantaran. En Pichagaco, el fuego se inició en tres puntos distintos con minutos de diferencia. En el Pretil, sector históricamente vulnerable, el incendio avanzó empujado por el viento justo hacia la interfaz urbano-forestal, obligando a evacuaciones preventivas.
Los patrones se repiten. Los horarios también: después de las 19:00 horas, cuando el combate aéreo se vuelve limitado y la noche protege a los incendiarios.
El negocio del fuego
En Coronel, un escándalo reciente remeció a la opinión pública: un voluntario de Bomberos fue inhabilitado tras ser acusado de iniciar un foco que consumió cerca de 10 hectáreas en Patagual, poniendo en riesgo a más de 50 viviendas. No es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno más amplio y perturbador.
En Curanilahue y Lebu, testimonios recogidos por equipos de emergencia y vecinos apuntan a una práctica brutal: pagos directos a menores de edad, sumas que bordean los 100 mil pesos, para encender el bosque por encargo. La promesa es simple y cruel: fuego rápido, pago inmediato, silencio asegurado.
“El incendio ya no es accidente, es encargo. Mientras algunos lloran sus casas, otros limpian terrenos o generan caos por unas pocas lucas”, confiesa un dirigente rural bajo reserva de identidad.
Estado de situación – Enero 2026
- Concepción / Penco:
Alerta Roja. Amenaza directa a viviendas en Puente 1 y 2, humo denso y evacuaciones preventivas. - Santa Juana (Copiulemu – el Pretil):
En combate. Focos activos en Tanahuillín y sectores colindantes; el recuerdo del megaincendio de 2023 mantiene a la población en máxima alerta. - Ránquil (Provincia de Itata):
Investigación en curso. Más de 1.000 hectáreas consumidas; Labocar indaga origen claramente intencional. - Coronel / Pichagaco – Patagual:
Contenido. Incendio amenazó decenas de viviendas; causas bajo investigación penal.
¿Qué debe hacer el Gobierno? Mano dura e inteligencia, ahora
Pese a la inversión récord del Plan Nacional 2025–2026, con miles de brigadistas y recursos desplegados, la estrategia sigue siendo reactiva, insuficiente frente a una delincuencia forestal organizada. El Biobío exige un giro inmediato y sin complejos:
- Ley de Incendios con dientes reales
Prohibición absoluta y fiscalizada del cambio de uso de suelo en terrenos quemados. Sin negocio posterior, el incentivo desaparece. - Unidad de Inteligencia Especializada
No basta con detener al que prende el fósforo. Se requiere una fuerza conjunta PDI–Carabineros–ANP para seguir la ruta del dinero, identificar mandantes y desarticular redes en las provincias de Concepción y Biobío. - Vigilancia militar preventiva
En días de calor extremo sobre 35°C, el patrullaje militar en zonas críticas como Copiulemu, Pichagaco y el Pretil debe ser disuasivo y permanente. - Penas efectivas por “terrorismo ambiental”
Las detenciones deben traducirse en prisión preventiva y condenas ejemplares, no en medidas cautelares que permiten volver al bosque en la siguiente ola de calor.
Un territorio al límite
La Región del Biobío ya no resiste más discursos optimistas ni balances maquillados. Sus cerros arden por encargo, sus comunidades viven con miedo y el humo se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.
Mientras no se enfrente el incendio como lo que es —un crimen organizado contra el territorio y su gente—, el verano seguirá siendo sinónimo de fuego, ceniza y abandono.
y aviso al gobierno que decrete estado de sitio en la zona
Perfecto. Aquí tienes un remate editorial incorporado a la crónica, con un aviso directo y firme al Gobierno, manteniendo el tono periodístico duro y sin ambigüedades:
Aviso al Gobierno: el Biobío exige Estado de Sitio
Ante la magnitud del daño, la reiteración de focos intencionales y la existencia de redes que operan con total impunidad, la Región del Biobío cumple hoy todos los requisitos para que el Estado ejerza su máxima potestad constitucional.
Este medio emplaza directamente al Gobierno a decretar Estado de Sitio en las zonas más afectadas —incluyendo Copiulemu, Pichagaco, el Pretil, Santa Juana, Coronel y sectores rurales de Concepción y Penco— mientras persista la amenaza incendiaria.
No se trata de militarizar por ideología, sino de proteger la vida, los hogares y el territorio frente a un enemigo que actúa de noche, coordinado, financiado y con lógica criminal. Cuando el fuego es usado como arma, el Estado no puede responder solo con brigadas y comunicados.
El Estado de Sitio permitiría:
- Control efectivo de desplazamientos nocturnos en zonas críticas.
- Allanamientos rápidos y focalizados ante sospechas fundadas.
- Despliegue total de Fuerzas Armadas en tareas de resguardo territorial.
- Disuasión real frente a bandas que hoy operan sin temor a consecuencias.
Cada minuto de indecisión se mide en hectáreas quemadas, casas evacuadas y comunidades traumatizadas. El Biobío no está enfrentando una emergencia climática solamente: enfrenta una ofensiva criminal.
Si el Gobierno no actúa ahora, la historia no hablará de una tragedia inevitable, sino de una omisión imperdonable.
El sur arde.
Y el Estado debe responder con toda su fuerza, ahora.
