El tiempo se acabó. Sin matices ni espacios para excusas, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, lanzó un ultimátum que marca un punto de quiebre en la crisis de obras paralizadas en el Gran Concepción. La empresa Tapusa S.A. tiene solo horas para responder o enfrentará el peso completo del Estado.
No es una advertencia simbólica. Es una orden directa. O presentan un plan concreto hoy, o mañana se ejecutan medidas que incluyen el cobro de garantías, el cierre de contratos y la intervención inmediata para contener el daño ya instalado en la Región del Biobío.
La escena es crítica. Calles abiertas, zanjas sin resguardo, estructuras a medio terminar y barrios convertidos en zonas de riesgo. No se trata solo de retrasos administrativos: hay vecinos expuestos, trabajadores en la incertidumbre y proveedores que no han visto un peso.
El Gobierno ya dejó claro que no esperará más. La paciencia se agotó junto con la confianza. “Es el último día”, insistió el ministro, dejando en evidencia que la situación dejó de ser técnica para transformarse en un problema político y social de alto impacto.
Detrás de la presión hay coordinación. El Serviu, alcaldes de comunas como Concepción, Hualpén y Talcahuano, además de parlamentarios, ya están alineados en un plan de contingencia. La señal es clara: si la empresa no responde, será reemplazada en los hechos.
Pero el problema va más allá de una constructora. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema de obras públicas. Cuando una empresa abandona faenas en este nivel, no solo se detienen proyectos: se rompe la confianza de la gente, se pone en riesgo la seguridad y se golpea directamente la vida cotidiana de miles de familias.
Hoy no es un día más. Es el punto de no retorno.
Si Tapusa guarda silencio, el Estado avanzará sin ella.
Y en esa decisión, ya no hay vuelta atrás.
