El escándalo de los cobros excesivos en las cuentas de luz finalmente cobró su primera víctima política. El ministro de Energía, Diego Pardow, presentó su renuncia, aceptada rápidamente por el presidente Gabriel Boric, en un intento de apagar el incendio que ya se propagaba por todo el país. Pero más allá del gesto mediático, la pregunta que arde en la calle es otra: ¿de verdad nadie en La Moneda sabía lo que estaba pasando?
Durante meses, los usuarios recibieron boletas con incrementos injustificados, errores de cálculo y una falta de transparencia que huele más a negligencia que a simple “fallo técnico”. Hoy, el gobierno busca dar una imagen de control, sacrificando al ministro como si con eso bastara para limpiar la escena del crimen. Pero el país no es ingenuo: el error fue detectado hace tiempo y el silencio fue cómplice.
El relato oficial habla de una “situación lamentable”, mientras el chileno de a pie se pregunta cómo una administración que prometía “gobernar para las personas” terminó cargando nuevamente el peso de su ineficiencia sobre los bolsillos de la ciudadanía.
La renuncia puede parecer un acto de responsabilidad política, pero más parece una jugada calculada para salvar la popularidad presidencial en medio de una tormenta eléctrica que amenaza con quemar los cables de la credibilidad.
Porque cuando el ministro se va, la factura queda. Y esa, como siempre, la paga el pueblo.
