Una nueva bofetada al bolsillo de los chilenos vuelve a poner al gobierno de Gabriel Boric en el ojo del huracán. Esta vez, el escándalo estalló en el corazón de la Comisión Nacional de Energía (CNE), tras descubrirse que el organismo aplicó dos veces el IPC en los cobros eléctricos, elevando injustamente las cuentas de la luz en todo el país.
El error —que no es menor— fue calificado como una “falla estructural” en la gestión de un servicio esencial. Mientras el Ejecutivo guarda silencio o lanza tibias explicaciones, millones de familias ya pagaron por meses un sobreprecio que nunca debieron asumir.
Desde el Biobío, la indignación crece. La diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) fue tajante: “No es un error administrativo, es un desastre institucional. Miles de familias fueron estafadas en sus propias cuentas de luz, y la CNE debe responder con hechos, no con excusas”.
Su par María Candelaria Acevedo (PC), aunque del oficialismo, también reconoció la magnitud del escándalo: “Esto es escandaloso. Las alzas eléctricas han golpeado la economía familiar y deben compensar a los usuarios afectados”. Incluso desde su sector ya se habla de revivir una empresa estatal de energía, como si el remedio socialista fuera la solución al propio descontrol que hoy gobierna.
El diputado Eric Aedo (DC) exigió la salida inmediata del presidente de la CNE y la interpelación del ministro de Energía, Diego Pardow, apuntando a la responsabilidad técnica y política del desastre. “Este error no puede pasar inadvertido. Las familias han pagado de más durante meses, y alguien tiene que dar la cara”, enfatizó.
La diputada Francesca Muñoz (PSC) fue aún más dura: “Este gobierno ya no tiene control ni credibilidad. Primero las contribuciones, luego los ingresos fiscales, y ahora las tarifas eléctricas. Cada error golpea directamente a las familias y demuestra que estamos frente a una administración ineficiente, sin rumbo ni capacidad de gestión”.
El episodio no es solo un fallo contable: es el reflejo de una crisis de confianza en un Estado mal administrado, donde las autoridades parecen más preocupadas de la retórica ideológica que de la gestión técnica.
Mientras los chilenos siguen pagando la cuenta —literal y figuradamente—, el gobierno intenta apagar el incendio con comunicados, pero sin asumir responsabilidades reales.
Los errores del Ejecutivo ya no son casualidades: son el sello de un mandato que no gobierna, improvisa.
Y como dice el pueblo: cuando la luz sube y la paciencia se apaga, es porque alguien está dejando todo en tinieblas.
