Miles de trabajadores del sector pesquero se congregaron en la Plaza de la Independencia de Concepción para protestar contra la Ley de Fraccionamiento, un proyecto actualmente en discusión en el Senado desde el 30 de octubre de 2024. Según los manifestantes, esta normativa podría poner en peligro alrededor de 6.500 puestos de trabajo, afectando tanto a la pesca industrial como artesanal en la región del Biobío.
La ley propone modificaciones en la distribución de cuotas entre ambos sectores, lo que impactaría de manera significativa al jurel, un recurso que representa cerca del 80% de las exportaciones pesqueras de la región. De aprobarse, advierten que las consecuencias serían devastadoras para miles de familias que dependen de la industria.
Impacto en el empleo y la fuerza laboral femenina
Paola Sanhueza, presidenta del sindicato de Salmones Blumar y de la asociación gremial de trabajadores de la industria pesquera, destacó la vulnerabilidad de las mujeres ante esta medida. “El 80% de la mano de obra en las plantas de consumo humano está compuesta por mujeres. Quitarle porcentaje a las industrias significa cesantía masiva en la Región del Biobío”, aseguró.
Juana Silva, presidenta de la federación de sindicatos de trabajadores de las plantas de procesos, coincidió en la gravedad de la situación. “Este fraccionamiento no solo afecta a las industrias, sino también a todos los empleos relacionados, desde faenas hasta embarcados. Estamos hablando de 6.500 familias en riesgo”, explicó.
Autoridades locales critican el proyecto
Eduardo Saavedra, alcalde de Talcahuano, calificó la ley como “nefasta” y anunció gestiones para detenerla. “Nos reuniremos el 13 de enero con el gobernador Sergio Giacaman para abordar este tema en la comisión de pesca del Senado. Este proyecto es perjudicial para toda la región, afectando tanto a la pesca industrial como artesanal”, afirmó.
Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla emplazó al presidente Gabriel Boric, señalando que la ley es contradictoria con los principios del gobierno. “Si se declara feminista, no puede atentar contra la estabilidad laboral de miles de mujeres. Le pedimos que retire este proyecto que solo traerá pobreza y desempleo a la región”, sentenció.
Respuesta desde el Gobierno
El seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda, intentó calmar las aguas, señalando que la propuesta del Gobierno inicial buscaba un equilibrio entre la pesca artesanal e industrial. “La versión actual del proyecto, modificada en la Cámara de Diputados, no refleja nuestro objetivo. Seguimos trabajando para mantener el balance”, aseguró.
El futuro de la Ley de Fraccionamiento sigue en el aire, mientras crecen las preocupaciones por sus posibles efectos sobre el empleo en Biobío, especialmente para las mujeres que sustentan gran parte de esta industria.
