Por Salvador Maldonado.-
Chile ha aprendido a reaccionar frente a las tragedias. Pero reaccionar no es lo mismo que solucionar. Y esa diferencia hoy se ve crudamente en dos dramas sociales que avanzan silenciosos: la violencia intrafamiliar y el aumento de personas viviendo en rucos y campamentos improvisados.
En el primer caso, el sistema actúa casi siempre cuando el daño ya ocurrió. Se protege a la mujer, se la traslada a una casa de acogida, se intenta darle seguridad junto a sus hijos y se la aleja del agresor. Humanamente, aquello es correcto y necesario. Nadie podría cuestionar que una mujer amenazada o golpeada necesita refugio inmediato.
Pero el problema profundo comienza después.
Miles de mujeres terminan arrancadas de su entorno, alejadas de sus vecinos, de sus trabajos, de sus colegios y de sus afectos. Deben comenzar de cero mientras el agresor muchas veces continúa libre, sin tratamiento psicológico, sin rehabilitación, sin intervención real del Estado. Y entonces ocurre lo que las estadísticas y la realidad callejera repiten dolorosamente: muchas regresan con quien las destruyó.
¿Por qué vuelven? Porque el miedo, la dependencia económica, el vínculo emocional, los hijos y la falta de apoyo permanente terminan empujándolas nuevamente al círculo de violencia. El Estado protege la emergencia, pero pocas veces reconstruye la vida.
Y mientras eso ocurre, surge una pregunta incómoda que casi nadie quiere hacer: ¿quién trabaja con el agresor?
Porque detrás de muchos violentos existen historias de abandono, consumo de alcohol y drogas, abusos sufridos en la infancia, enfermedades mentales no tratadas y generaciones completas creciendo en ambientes de violencia normalizada. Eso no justifica ningún golpe ni ningún crimen. Pero ignorarlo tampoco evita el siguiente.
La sociedad castiga después del daño, pero rara vez previene antes de la tragedia.
Un hombre violento sin tratamiento es una bomba caminando. Si no reincide con la misma víctima, probablemente buscará otra. Y ahí el sistema vuelve a actuar tarde, otra vez.
Lo mismo ocurre con quienes viven en rucos bajo puentes, plazas o sitios eriazos. Cada cierto tiempo llegan operativos, máquinas, desalojos y discursos sobre recuperación de espacios públicos. Se limpian calles, se retiran colchones, se destruyen improvisadas viviendas de nylon y madera. La ciudad “se ordena”.
Pero la pregunta humana sigue intacta: ¿a dónde van esas personas?
Porque sacar a alguien de un ruco no significa sacarlo de la pobreza. Tampoco del abandono, de las adicciones o de la enfermedad mental. Muchas veces simplemente se traslada el problema unas cuadras más allá, donde volverá a levantarse otro refugio improvisado.
Es fácil exigir seguridad, limpieza y orden. Y claro que las ciudades deben recuperarse. Pero también es cierto que detrás de cada ruco existe una historia quebrada: familias destruidas, trabajos perdidos, enfermedades, depresión, alcoholismo o simplemente personas que quedaron fuera del sistema y nunca más pudieron regresar.
Chile se ha acostumbrado a esconder los problemas en vez de resolverlos.
Se esconde a la mujer golpeada en una dirección secreta mientras el agresor sigue intacto. Se esconde al indigente sacándolo de una plaza mientras continúa sin hogar. Se mueve el dolor de lugar, pero no se elimina.
Y quizás la gran pregunta que debemos hacernos como sociedad es esta: ¿queremos seguir reaccionando cuando todo explota o comenzaremos de una vez a sanar las raíces de la tragedia social?
Porque mientras no se trate al agresor, seguirá existiendo otra víctima.
Y mientras no se rescate realmente a quien vive en la calle, seguirá apareciendo otro ruco en cualquier esquina de Chile.
