La jornada comenzó con molestia, retrasos e incertidumbre para cientos de usuarios del Biotren en el tramo Concepción–Laja, luego de confirmarse el robo de catenaria (cables aéreos), un delito que volvió a golpear una infraestructura clave para la conectividad del Gran Concepción y sus comunas aledañas.
El hecho afectó la vía secundaria en el desvío a Huachipato y ambas líneas férreas, obligando a la empresa a implementar una operación parcial del servicio Corto Laja, que actualmente funciona en bucle entre Concepción y Laja, mientras que el tramo Concepción–Arenal quedó suspendido durante la mañana, con reposición recién proyectada para el horario PM.
Pero el robo fue solo la chispa que encendió un malestar acumulado. En andenes y vagones, numerosos pasajeros expresaron su indignación no solo por la interrupción del servicio, sino también por lo que califican como una suma de abusos y deficiencias. “Suben el pasaje, pero el servicio empeora”, comentaban usuarios visiblemente molestos, recordando el reciente aumento de la tarifa, que golpea directamente el bolsillo de trabajadores, estudiantes y adultos mayores.
A ello se suma una crítica reiterada y transversal: el estado de los baños, descritos por pasajeros como sucios, insalubres y en condiciones indignas, una situación que consideran inaceptable para un sistema de transporte público que se presenta como moderno y sustentable. “Uno paga más, pero viaja peor”, reclamó una usuaria en el andén, apuntando a la falta de mantención básica.
Mientras equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio, el episodio vuelve a dejar en evidencia no solo la fragilidad de la red ferroviaria frente a delitos, sino también una desconexión entre las decisiones administrativas y la experiencia real de los usuarios, quienes exigen seguridad, limpieza y un servicio acorde al valor que hoy se les cobra.
El robo de cables será investigado, pero el descontento ciudadano ya está instalado, y crece la sensación de que el Biotren necesita algo más que reparaciones de emergencia: requiere respuestas de fondo, fiscalización efectiva y respeto por quienes lo usan a diario.
