El diputado Leonidas Romero, del Partido Nacional Libertario (PNL), alzó la voz contra lo que considera una grave omisión del Estado y el mundo privado: el incumplimiento sistemático de la Ley N.º 21.015, que desde 2018 obliga a empresas e instituciones públicas con más de 100 trabajadores a reservar al menos un 1% de su dotación para personas con discapacidad.
En su rol fiscalizador, Romero ofició a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, exigiendo información detallada sobre el cumplimiento, evaluación y fiscalización de esta normativa. La solicitud incluye datos desagregados por sector público y privado, antecedentes sobre planes de seguimiento, evaluaciones de impacto y políticas complementarias.
“Esta ley no puede seguir siendo letra muerta. Si existen empresas e instituciones públicas que no cumplen, deben ser sancionadas. De lo contrario, estamos validando una exclusión sistemática e inaceptable”, sostuvo tajante el parlamentario.
Una ley que no se cumple
Las cifras hablan por sí solas: según datos del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y estudios realizados por la Fundación Ronda en conjunto con la SOFOFA, apenas un tercio de las grandes empresas cumple efectivamente con la cuota de inclusión. El resto sigue en incumplimiento, muchas veces sin sanciones o consecuencias visibles.
Romero cuestionó duramente la falta de fiscalización por parte del Estado.
“Hay una falla estructural en hacer valer esta ley. No podemos permitir que la inclusión laboral sea un simple eslogan. Necesitamos resultados concretos y urgentes para las más de 2 millones de personas con discapacidad en Chile”, enfatizó.
El respaldo de las fundaciones
Desde el mundo de las organizaciones sociales, el llamado del diputado Romero fue respaldado con fuerza. Pamela Pizarro, directora ejecutiva de la Fundación Una Mirada, valoró la iniciativa, pero advirtió sobre la necesidad de un compromiso político real:
“La fiscalización activa es clave para garantizar oportunidades reales de inclusión. No basta con dictar leyes si no se cumplen ni se monitorean. La inclusión debe ser una política de Estado, con incentivos claros y capacitación empresarial”, afirmó.
En la misma línea, Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), criticó el mal ejemplo del propio Estado:
“Muchas instituciones públicas no cumplen ni siquiera con el 1%. Entonces, ¿qué mensaje se le da al mundo privado? Que la ley es una ficción. Necesitamos un rediseño profundo, metas claras y sanciones reales para quienes incumplen”, sentenció.
¿Voluntad o excusas?
La cruda verdad es que, a más de cinco años de su entrada en vigencia, la Ley N.º 21.015 no ha logrado materializar un cambio significativo en la vida laboral de las personas con discapacidad. Para los actores involucrados, el problema no es técnico ni legal: es político.
Mientras no se fortalezcan los mecanismos de fiscalización y sanción, y mientras el Estado siga sin predicar con el ejemplo, la inclusión seguirá siendo una promesa incumplida. Una vez más, la discapacidad en Chile parece ser más un tema de discursos que de acciones concretas.
