El caso del sicario del “Rey de Meiggs” reabre el debate sobre la fragilidad institucional y la indulgencia con que el sistema trata a los criminales de alta peligrosidad.
Santiago, 15 de julio de 2025. La sorpresiva liberación de Osmar Alexander Ferrer, conocido como el sicario del “Rey de Meiggs”, no solo remeció al sistema judicial, sino que volvió a poner en evidencia la mano blanda con la que la justicia chilena enfrenta al crimen organizado.
Fue el propio ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien confirmó este martes que la orden de liberación fue emitida erróneamente, aunque pasó todos los filtros internos sin ser cuestionada. “No debió emitirse el documento”, reconoció sin rodeos, dejando entrever una preocupante liviandad en los protocolos institucionales.
Mientras Ferrer, condenado por delitos graves, disfruta hoy de una libertad que no le corresponde, desde el Gobierno solo se anuncia una investigación y una revisión de procesos. “No hubo hackeo, no hubo alteración del sistema informático… pero hubo un error. Lo más grave es que fue validado por los canales oficiales”, señaló Gajardo, como si se tratara de un simple trámite fallido.
La reacción ciudadana no se hizo esperar. El caso ha sido interpretado como un síntoma de la debilidad con que la justicia opera frente a individuos con poder e influencia criminal, mientras miles de ciudadanos son tratados con dureza por faltas mucho menores.
“No puede ser que se trate como una simple equivocación liberar a un sicario ligado al crimen organizado”, dijo un dirigente vecinal del centro de Santiago. “Si esto le pasó a uno de los delincuentes más peligrosos, ¿cuántos otros casos hay que no se conocen?”, agregó.
El ministro intentó minimizar el hecho diciendo que “todas las opciones son malas”, pero lo cierto es que la falta de control, rigurosidad y responsabilidad pone en duda la capacidad del Estado para enfrentar con firmeza al crimen.
A pesar de que Gendarmería actuó siguiendo los protocolos —con un documento aparentemente legítimo— la crítica apunta a lo permisiva que se ha vuelto la justicia en casos donde se requiere todo lo contrario: determinación, firmeza y cero tolerancia.
Por ahora, Ferrer está libre. Y mientras las autoridades revisan “errores”, el crimen organizado toma nota de la fragilidad de un sistema que, en vez de cerrarle las puertas, parece abrirlas con documentos mal emitidos y controles poco exigentes.
