El alcalde de Florida, Rodrigo Montero, está en el centro de la polémica tras la adquisición de un Toyota 4×4 valorado en más de 40 millones de pesos. Un grupo de concejales, liderado por Marcos Hidalgo, solicitó a la Contraloría General de la República investigar si la compra se ajustó a la normativa vigente.
Si bien el vehículo fue adquirido por sus capacidades para transitar en terrenos rurales y de difícil acceso dentro de la comuna, los concejales cuestionan que el monto excede las 500 UTM (aproximadamente 33 millones de pesos), límite establecido por la Ley de Municipalidades para compras directas del alcalde sin la aprobación del concejo municipal.
Versión de la municipalidad
En un comunicado oficial, el municipio explicó que el 4 de diciembre de 2024 se dictó el decreto alcaldicio N° 1674, autorizando la compra del vehículo para uso del alcalde y traslado de funcionarios. Sin embargo, antes de efectuar el pago, se advirtió que era necesario contar con la aprobación del concejo municipal.
Para regularizar la situación, se convocó a una sesión extraordinaria el 31 de diciembre de 2024 mediante el decreto N° 1782, conforme al artículo 65, letra j) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. A pesar de las justificaciones, la iniciativa fue rechazada por los concejales.
El municipio defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que la falta de aprobación del concejo no implica una infracción a la probidad. Mientras la Contraloría analiza el caso, la administración municipal se abstendrá de emitir más declaraciones.
