Hualqui Ante la Justicia: Fiscalía Acusa Presunto Fraude y Formalizará a Altos Exfuncionarios

Una investigación que se ha extendido por más de tres años está próxima a entrar en una de sus etapas más decisivas. El próximo 16 de junio, el Juzgado de Garantía de Chiguayante será escenario de una audiencia clave en la que el Ministerio Público formalizará a tres ex y actuales funcionarios vinculados a la Municipalidad de Hualqui por el presunto delito de fraude al Fisco.

Entre quienes enfrentarán la audiencia figura la actual secretaria municipal, Yilda Fernández, junto a los exfuncionarios Edgardo Jara y Macarena Varas. La Fiscalía también buscaría formalizar a la empresaria Mirta Martínez por hechos relacionados con la misma investigación.

La causa tuvo su origen en una querella presentada en 2023 por el entonces alcalde de Hualqui, Jorge Constanzo. En dicha acción judicial se solicitó investigar el destino de recursos asociados a la educación municipal que ascendían a cerca de 8 mil millones de pesos, además de una factura por $1.500.000 emitida supuestamente por concepto de colaciones.

Según los antecedentes expuestos en la denuncia original, dichos recursos habrían sido utilizados para financiar una celebración particular realizada en 2017, cuando Ricardo Fuentes ejercía como alcalde de la comuna. No obstante, será la Fiscalía la que deberá exponer en audiencia los antecedentes que sustentan esta hipótesis investigativa.

Hasta ahora, el detalle exacto de los cargos que serán formulados permanece bajo reserva procesal. El abogado de la Municipalidad de Hualqui, Marcelo Villena, confirmó la realización de la audiencia, indicando que aún desconocen los términos específicos de la imputación que presentará el Ministerio Público.

Por otra parte, la defensa de uno de los imputados sostiene una versión distinta. Carlos Muñoz, abogado de Edgardo Jara, afirmó que los recursos vinculados a los 8 mil millones de pesos habrían sido debidamente justificados ante la Superintendencia de Educación, estimando que la investigación estaría centrada exclusivamente en la factura cuestionada.

La audiencia de formalización no implica una declaración de culpabilidad. Conforme al sistema procesal penal chileno, esta instancia tiene por objeto comunicar oficialmente a los imputados los hechos que se investigan y los delitos que eventualmente podrían atribuírseles, permitiendo además que la Fiscalía solicite medidas cautelares si las estima necesarias.

Sin embargo, el impacto político e institucional del caso ya se hace sentir en Hualqui. La formalización de una de las máximas funcionarias de la administración municipal reabre interrogantes sobre la gestión de recursos públicos y vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en los organismos comunales.

Las respuestas comenzarán a conocerse el próximo 16 de junio. Será entonces cuando la Fiscalía revele el alcance de una investigación que mantiene la atención puesta sobre uno de los episodios judiciales más relevantes que ha enfrentado la comuna en los últimos años.