Un escenario indignante encontró el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, durante su visita al condominio social Pedro Luna en Concepción. Lo que debía ser un conjunto habitacional moderno y seguro terminó convertido, según denunciaron los propios vecinos, en una verdadera pesadilla marcada por filtraciones, humedad extrema, cañerías rotas y millonarias cuentas de agua.
La autoridad llegó hasta el lugar tras las reiteradas denuncias de las familias que habitan los departamentos entregados en 2018 y que, pese a tener apenas ocho años de antigüedad, presentan un deterioro alarmante. Al recorrer los blocks, Poduje no ocultó su molestia y lanzó una crítica directa tanto a la empresa constructora como al actuar del Serviu de la época.
“Si uno mira estos edificios, pensaría que tienen 40 años, pero son prácticamente nuevos”, señaló el ministro mientras observaba techos cubiertos de hongos, muros húmedos y pisos destruidos por trabajos improvisados realizados por los mismos residentes para intentar contener las filtraciones.
Según explicó, los problemas comenzaron a evidenciarse hace varios años y las familias aseguran que nunca recibieron soluciones concretas. La situación se volvió insostenible debido al constante escape de agua en cañerías interiores, lo que incluso derivó en cobros desproporcionados para algunos propietarios.
Uno de los casos que más impactó al secretario de Estado fue el de una adulta mayor jubilada que mantiene una deuda cercana a los 19 millones de pesos producto del consumo generado por las filtraciones. La mujer, además, habría recibido amenazas de suspensión del servicio por una deuda mensual cercana a los 180 mil pesos.
“Esa deuda no le corresponde a ella. Es consecuencia de las fallas estructurales y alguien debe hacerse responsable”, afirmó Poduje.
El ministro apuntó directamente a la empresa constructora EBCO, indicando que deberá responder por la calidad de las obras ejecutadas. Sin embargo, también cuestionó duramente el rol que habría tenido el Serviu ante las primeras denuncias de los vecinos.
De acuerdo con lo expuesto por la autoridad, los residentes habrían advertido las fallas antes de que expirara la garantía legal de cinco años para este tipo de construcciones. Pese a ello, acusó que el organismo no habría ejecutado las acciones necesarias para obligar a la empresa a reparar los daños cuando todavía existía cobertura formal.
Frente a este escenario, anunció el inicio de una investigación interna para determinar por qué no se activaron las garantías correspondientes y esclarecer eventuales responsabilidades administrativas.
“Vamos a investigar qué ocurrió y por qué no se hizo efectiva la garantía. Hoy tendremos que recurrir incluso a mecanismos judiciales si es necesario, pero estas familias no pueden seguir viviendo así”, sostuvo.
Durante la inspección también quedaron al descubierto los esfuerzos desesperados que han debido realizar los propios vecinos para mantener habitables sus departamentos. Algunos residentes mostraron zonas donde tuvieron que romper pisos para reparar cañerías, mientras otros evidenciaron la presencia de humedad permanente y hongos que ya afectan la salud de adultos mayores y niños.
El caso del condominio Pedro Luna no sería aislado. El ministro adelantó que existen otros conjuntos habitacionales en la provincia que presentan problemas similares y que serán revisados próximamente por el Minvu.
La visita terminó transformándose en un duro cuestionamiento al sistema de fiscalización de viviendas sociales y abrió un nuevo foco de presión sobre las constructoras y organismos públicos encargados de supervisar proyectos habitacionales financiados con recursos del Estado.
