No hay sirenas ni enfrentamientos a plena luz del día. El delito ocurre en la oscuridad, con herramientas precisas y tiempos calculados. Cuando amanece, el daño ya está hecho: barrios completos sin electricidad, servicios interrumpidos y una red crítica mutilada. Así opera el robo de cable de cobre, un fenómeno que durante 2025 ha escalado a niveles alarmantes en la Región del Biobío.
Un informe de la Compañía General de Electricidad (CGE) confirmó que más de 45 mil metros de cable de cobre fueron sustraídos a lo largo del país durante el último año, ubicando al Biobío entre las zonas más afectadas por este delito. Las cifras no solo representan pérdidas materiales, sino que también un impacto directo en la vida cotidiana de cientos de familias, centros de salud, colegios y servicios básicos.
Las autoridades ya no hablan de simples robos. El seremi subrogante de Seguridad Pública, Carlos Uslar, advirtió que el patrón de estos ilícitos revela una estructura mucho más compleja. “Estamos frente a un fenómeno reiterado, con logística y un destino claro del material robado. Todo indica que aquí hay elementos propios del crimen organizado”, señaló, subrayando que las investigaciones se están abordando desde una mirada integral.
Talcahuano aparece como uno de los focos más críticos. Desde el municipio, el director de Seguridad Pública, Patricio Fierro, reconoció que la recurrencia de estos hechos ha obligado a las empresas a tomar medidas drásticas. “El robo ha sido tan constante que las compañías han debido reemplazar el cable de cobre por fibra óptica para reducir el impacto y la tentación delictual”, explicó.
Por su parte, el seremi de Energía, Danilo Ulloa, destacó el trabajo de una Mesa Técnica intersectorial, instancia que busca ir más allá de la denuncia puntual. “Nuestro objetivo es seguir toda la cadena del delito: desde el robo, el traslado, hasta la comercialización del cobre. Sin ese enfoque, es imposible desarticular estas redes”, afirmó.
El llamado final es claro y directo. Las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier movimiento sospechoso en postes o tendidos eléctricos, y a las empresas proveedoras a no minimizar estos hechos como simples pérdidas operacionales. El robo de cable —advirtieron— es un delito grave, que afecta la seguridad pública y debe ser perseguido con todo el peso de la ley.
Mientras tanto, en la noche del Biobío, el silencio vuelve a ser cómplice de un crimen que sigue dejando a comunidades enteras a oscuras.
