Miguel Soffia, maestro 10º Dan y uno de los principales referentes de las artes marciales en Chile, encabeza en el Congreso una histórica reunión junto a otros grandes maestros, diputados y representantes del mundo deportivo, con un objetivo claro: derogar la normativa que por más de 40 años ha mantenido a las artes marciales injustamente reguladas bajo la Ley de Control de Armas.
La legislación vigente ha generado situaciones que rozan el absurdo. Hoy, niños y niñas de 5, 6 y más años son obligados a presentar certificados de antecedentes para poder practicar karate, una exigencia impropia, desproporcionada y completamente alejada del sentido común. Una barrera burocrática que no protege a nadie y que solo castiga a familias, clubes y escuelas que trabajan por la formación integral de la infancia.
Miles de niños y jóvenes practican artes marciales en Chile. No empuñan armas: entrenan disciplina, respeto, autocontrol y vida sana. Los dojos cumplen un rol social que el Estado no puede seguir ignorando, especialmente en contextos donde el deporte es una herramienta real de prevención de la violencia y la exclusión.
Durante la jornada, los maestros fueron categóricos: mantener a las artes marciales bajo una ley pensada para armas de fuego es un error histórico que debe ser corregido con urgencia. No se trata de una excepción, sino de un reconocimiento básico: las artes marciales son deporte, cultura y formación.
Hoy la discusión llegó al Congreso, pero la responsabilidad ahora recae en el Senado. Seguir postergando esta corrección legislativa es prolongar una injusticia que afecta directamente a la niñez y juventud del país. Chile no puede exigir antecedentes penales a un niño para aprender a caer, levantarse y respetar.
El tatami ya habló.
Ahora, el Senado debe responder.
