El modelo de las Isapres ha estado en la mira durante años, cuestionado por jueces, expertos en salud y organizaciones ciudadanas debido a las alzas unilaterales en los planes y otras malas prácticas. Estas irregularidades llevaron a miles de afiliados a pagar más de lo justo. Tras una prolongada batalla judicial, la Corte Suprema dictaminó que las Isapres deben devolver los montos cobrados en exceso. Sin embargo, la implementación de este fallo está generando más indignación que alivio.
En un país donde la inflación no da tregua y el costo de vida aumenta día a día, la noticia de que las devoluciones oscilarán entre $200 y $500 por cuota, extendiéndose por más de 13 años, ha encendido la polémica.
La Ley Corta de Isapres y sus implicancias
La reciente implementación de la Ley Corta de Isapres, que obliga a estas aseguradoras privadas a devolver aproximadamente $1.200 millones de dólares a unos 700 mil afiliados, ha sido motivo de controversia. Si bien el fallo de la Corte Suprema representa un avance en justicia, los mecanismos de reembolso y los plazos establecidos han recibido fuertes críticas.
¿Cómo se harán las devoluciones?
El plan permite a las aseguradoras tardar hasta 13 años en completar los pagos. Solo los afiliados mayores de 65 años deberán recibir su dinero en 5 años, y aquellos mayores de 80, en 2 años. Además, las devoluciones podrán realizarse en efectivo con descuentos, o bien como excedentes en los planes de salud, lo que ha complicado aún más la percepción de justicia entre los cotizantes.
La reacción ciudadana y política
Para muchos ciudadanos, este esquema de pago es una burla. Los montos mínimos y los largos plazos para el reembolso generan una profunda sensación de injusticia, considerando que el fallo responde a años de cobros indebidos. A esto se suma que la normativa permite un alza de hasta un 10% en los planes de salud durante los próximos años, incrementando aún más el descontento.
El rol del Congreso
La actuación del Congreso, al aprobar esta normativa, también ha sido duramente cuestionada. Muchas personas consideran que los legisladores priorizaron la viabilidad financiera de las Isapres sobre una reparación justa y rápida para los afiliados. Esto ha generado un llamado ciudadano para que se presenten propuestas que garanticen mayor equidad y pongan fin a los abusos de las aseguradoras privadas.
Un debate abierto
El fallo de la Corte Suprema marca un hito en la lucha por la justicia en el sistema de salud privado, pero su implementación será clave para restaurar la confianza pública. El gobierno y las Isapres están ahora bajo el escrutinio de la ciudadanía, que espera acciones concretas para garantizar que este tipo de abusos no se repitan.
En un sistema que afecta la calidad de vida de miles de personas, la percepción de justicia no puede seguir siendo pospuesta.
