Una dura sanción administrativa aplicó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la empresa Globalmix, luego de determinar que presentó documentación cuya autenticidad fue desconocida por la entidad que supuestamente la había emitido. La medida implica la suspensión de la compañía por un año del registro de proveedores de la cartera, impidiéndole participar en nuevos procesos de contratación durante ese período.
La resolución fue adoptada tras el rechazo de los descargos presentados por la empresa, los cuales no lograron desvirtuar las observaciones formuladas por la Dirección General de Obras Públicas durante la investigación administrativa.
Según los antecedentes recopilados por el organismo, Globalmix participó en dos procesos licitatorios utilizando certificados destinados a acreditar su situación comercial. Sin embargo, al ser consultada, la Cámara de Comercio indicó que dichos documentos no correspondían a certificados emitidos por esa institución.
La autoridad calificó la situación como una falta de carácter grave y reiterada, considerando que la misma documentación fue utilizada en más de una licitación. El informe sostiene que uno de los certificados presentados llevaba fecha de agosto de 2022, pese a corresponder a un formato anterior que ya no se encontraba vigente para ese período.
Desde el Boletín Comercial también se advirtió una inconsistencia relevante, señalando que el documento exhibido por la empresa no coincidía con los formatos oficiales utilizados en la fecha indicada. Dado que este certificado constituía un requisito importante para participar en los concursos públicos, la observación adquirió especial relevancia dentro del proceso sancionatorio.
En su resolución, el MOP señaló que los argumentos expuestos por Globalmix no abordaron el fondo de las observaciones. La empresa centró gran parte de su defensa en mencionar que había sido sobreseída en una causa penal relacionada y en plantear consideraciones de carácter formal, sin explicar satisfactoriamente por qué la Cámara de Comercio desconocía la documentación presentada.
La situación ocurre además en un contexto complejo para la relación entre Globalmix y el Ministerio de Obras Públicas. En los últimos meses, la empresa estuvo vinculada a la polémica que terminó con la salida del entonces director regional de Vialidad, Juan Carlos Oviedo, luego que surgieran cuestionamientos por un eventual conflicto de interés relacionado con la adjudicación de cuatro contratos de conservación vial que sumaban cerca de 35 mil millones de pesos.
La sanción administrativa representa un nuevo golpe para la compañía y reabre el debate sobre los mecanismos de control en las licitaciones públicas, especialmente en proyectos de infraestructura que involucran importantes recursos fiscales. Mientras tanto, la suspensión impuesta por el MOP busca resguardar la transparencia de los procesos y reforzar las exigencias de probidad para quienes buscan contratar con el Estado.
