Un contundente revés judicial sufrió el municipio de Quilleco luego de que la Corte Suprema declarara ilegales y arbitrarios los descuentos aplicados a las remuneraciones de profesores y profesoras que participaron en una paralización gremial durante el año 2025. El máximo tribunal del país no solo acogió el recurso presentado por el Colegio de Profesores, sino que además ordenó la devolución íntegra de los montos descontados, marcando un precedente de alto impacto a nivel nacional.
El fallo fue categórico. La Corte Suprema estableció que la autoridad comunal vulneró garantías constitucionales básicas al aplicar sanciones económicas sin iniciar un procedimiento administrativo previo ni respetar el debido proceso, actuando fuera del marco legal. Para el tribunal, los descuentos se realizaron de manera unilateral, desconociendo derechos fundamentales de los trabajadores de la educación.
La acción judicial fue impulsada por el Colegio de Profesoras y Profesores de Quilleco, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción no acogiera inicialmente el recurso, situación que llevó al gremio a apelar ante la Suprema. El abogado del Colegio de Profesores del Bío Bío, Juan Francisco, destacó que el fallo reafirma que ninguna autoridad puede castigar a los docentes pasando por alto la ley y la Constitución.
Desde el ámbito local, la presidenta comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Quilleco, Melissa Águila, valoró profundamente la resolución, señalando que esta sentencia confirma el actuar ilegal del municipio y entrega una señal clara de respaldo a la labor y dignidad del profesorado.
“El fallo no solo repara un daño económico, sino que restituye la dignidad del trabajo docente y establece un precedente que protege a profesores y profesoras de todo el país frente a decisiones arbitrarias”, señalaron desde el gremio.
Radio Bío Bío en Los Ángeles intentó obtener una versión oficial del municipio de Quilleco respecto de esta resolución judicial, sin embargo, hasta el cierre de esta crónica no hubo respuesta, dejando en silencio a una administración que hoy enfrenta un duro cuestionamiento legal y ético.
Este fallo de la Corte Suprema se convierte así en una señal inequívoca: los derechos laborales no se suspenden por una movilización, y ninguna autoridad puede actuar al margen de la ley.
