El allanamiento al domicilio de la diputada Karol Cariola (PC) en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso Sierra Bella ha generado una ola de críticas. La controversia se debe a que la diligencia se llevó a cabo el mismo día en que la parlamentaria dio a luz a su primer hijo, lo que ha sido cuestionado desde diversos sectores políticos y sociales.
Ante las críticas, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, justificó el procedimiento ordenado a la Policía de Investigaciones (PDI). Según explicó, la urgencia de la diligencia radicaba en el riesgo de que la investigación se viera comprometida. “Era urgente realizar la diligencia, sino se ponía en riesgo el éxito de la investigación”, afirmó Cooper en declaraciones recogidas por La Tercera.
Justificación del procedimiento
El fiscal detalló que la solicitud de allanamiento fue presentada el jueves y aprobada por el tribunal el viernes. Sin embargo, explicó que hubo un problema técnico que impidió que la PDI ingresara el sábado. Como en cualquier otro caso, se decidió monitorear el departamento de la imputada hasta poder ejecutar la orden. Finalmente, el allanamiento se realizó el lunes a las 7:00 AM, momento en el que la policía constató que la diputada no estaba en su domicilio, ya que se había trasladado a un centro asistencial.
Respecto a la condición de embarazo de Cariola, Cooper señaló que el Ministerio Público no considera el estado de salud de una persona al momento de realizar diligencias judiciales. “Si fuera por eso, no podríamos perseguir ningún caso que involucre a una persona embarazada o enferma”, argumentó.
Posibles riesgos en la investigación
El fiscal también reveló que el procedimiento se realizó con urgencia debido a la necesidad de entregar un informe de la PDI a los intervinientes en el caso Sierra Bella. Este informe, identificado como el número 487, contenía información clave para la investigación. Cooper explicó que, si bien se decidió no entregar el documento a todos los querellantes, sí debía ser proporcionado a la defensa de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, lo que podría haber puesto en peligro la efectividad de la diligencia debido a la relación entre ambas figuras políticas.
Decisión judicial y responsabilidad del fiscal
Cooper enfatizó que el tribunal revisó los antecedentes y aprobó la orden, con pleno conocimiento del estado de embarazo de la diputada. “No hay un trato distinto, hay un trato de igualdad ante la ley”, afirmó, destacando que la investigación recién comienza y que era necesario actuar con rapidez para evitar obstáculos en su desarrollo.
Finalmente, el fiscal asumió la responsabilidad de la dirección del caso. “Asumo yo la responsabilidad de la dirección de esta investigación. Era urgente realizar la diligencia, sino se ponía en riesgo el éxito de la investigación”, concluyó Cooper.
