Cuando la Protesta se Convierte en Imposición

La primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast aún no terminaba de ser analizada cuando diversas organizaciones estudiantiles de Concepción ya anunciaban movilizaciones y paralizaciones para el próximo 3 de junio. La convocatoria, impulsada por federaciones estudiantiles de la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y agrupaciones de la Universidad del Bío-Bío, busca manifestar el rechazo a distintas medidas anunciadas por el Gobierno.

Bajo la consigna de que "la educación se defiende en las calles", los dirigentes estudiantiles llamaron a marchar y promover paralizaciones en sus respectivas casas de estudio. Sin embargo, detrás de cada convocatoria surge una pregunta que se repite año tras año: ¿hasta qué punto una movilización representa realmente a la totalidad de los estudiantes?

La historia reciente demuestra que muchos alumnos desean expresar sus opiniones legítimamente, pero también existe un número importante que simplemente quiere asistir a clases, rendir sus evaluaciones y avanzar en sus carreras. Son jóvenes que muchas veces trabajan para financiar sus estudios, viajan largas distancias desde otras comunas o dependen de becas cuyo cumplimiento académico exige asistencia y rendimiento.

El problema aparece cuando una movilización deja de ser una opción personal y se transforma en una presión colectiva. En numerosas ocasiones, quienes deciden adherir a los paros no solo suspenden sus propias actividades, sino que terminan impidiendo el normal desarrollo de las clases para quienes no comparten sus planteamientos. Es allí donde surge una contradicción difícil de ignorar: estudiantes que no quieren asistir a clases tampoco permiten que otros ejerzan su derecho a estudiar.

La protesta es una herramienta legítima en democracia. Marchar, expresar descontento y exigir cambios forma parte de las libertades ciudadanas. Sin embargo, la misma democracia exige respeto por quienes piensan distinto. El derecho a manifestarse no puede transformarse en el derecho a paralizar forzosamente a toda una comunidad educativa.

La educación superior enfrenta desafíos importantes, desde financiamiento hasta infraestructura y calidad académica. Pero esos debates pierden fuerza cuando las movilizaciones terminan afectando precisamente a quienes buscan formarse profesionalmente. Cada jornada perdida, cada clase suspendida y cada semestre extendido tiene consecuencias concretas para miles de familias.

Mientras los dirigentes preparan las marchas del 3 de junio, muchos estudiantes observan con preocupación la posibilidad de nuevas interrupciones académicas. No porque rechacen el debate público, sino porque consideran que el aprendizaje también se defiende dentro de las salas de clases.

La verdadera educación democrática debería permitir ambas cosas: protestar para quien quiera hacerlo y estudiar para quien decida continuar. Lo contrario no es participación; es imposición.