Indignación, cuestionamientos éticos y un fuerte debate político ha provocado en Chiguayante la decisión del alcalde Jorge Lozano de promover un millonario incentivo de jubilación para el secretario municipal Lisandro Tapia, funcionario actualmente sumariado por acoso laboral y con una condena judicial firme por maltrato en contra de cinco trabajadoras municipales.
El beneficio propuesto alcanza los 78 millones de pesos, de los cuales 27 millones requieren la aprobación del Concejo Municipal, instancia donde el tema generó una tensa discusión marcada por la incredulidad y el rechazo de parte de algunos ediles.
La trayectoria de Tapia dentro del municipio está lejos de ser ejemplar. A las denuncias reiteradas por acoso laboral se suma una condena que obligó al municipio de Chiguayante a pagar una millonaria indemnización con recursos públicos, costo que finalmente recayó en toda la comunidad. Pese a este historial, el funcionario ha mantenido un sueldo promedio de 5,5 millones de pesos mensuales, incluso durante extensos períodos de licencias médicas, suspensiones y procesos administrativos.
Desde el Concejo, el concejal Carlos Hidalgo fue enfático al señalar que no respaldará la entrega del bono, sosteniendo que resulta inaceptable premiar con recursos municipales a quien ha sido condenado por maltrato laboral.
Una postura similar expresó el edil Eduardo Avello, quien advirtió que, aun cuando el incentivo pueda ser legal, carece completamente de legitimidad social. “La ciudadanía no entenderá que se entreguen millones a un funcionario con estos antecedentes”, afirmó, apuntando directamente al impacto político y moral de la decisión.
El caso vuelve a poner en tela de juicio los estándares éticos en la gestión municipal, la real protección a las víctimas de acoso laboral y el uso de recursos públicos en un contexto donde la confianza ciudadana hacia las autoridades se encuentra seriamente dañada.
Mientras tanto, en Chiguayante crece la pregunta que muchos vecinos ya se hacen:
¿Puede una administración que habla de probidad justificar un premio millonario a quien fue condenado por maltrato?
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