Gol al pasado: las artes marciales entran a una nueva era tras la inminente derogación de la Ley 18.356

Después de más de cuatro décadas bajo una normativa cuestionada, las artes marciales en Chile se preparan para competir en igualdad de condiciones dentro del sistema deportivo nacional.

Durante 41 años, las artes marciales en Chile estuvieron sujetas a una legislación excepcional y anacrónica: la Ley N° 18.356. Una norma que, lejos de fortalecer el desarrollo deportivo, terminó convirtiéndose en un obstáculo para instructores, maestros y organizaciones, afectando directamente la esencia formativa y competitiva de estas disciplinas. Hoy, ese ciclo está a punto de cerrarse.

La Cámara de Diputadas y Diputados ya aprobó su derogación y recientemente el Senado, a través de su Comisión de Deportes, dio luz verde al mismo camino. Solo resta la votación en la Sala del Senado para que la ley quede definitivamente fuera del ordenamiento jurídico chileno. El mensaje es claro: existe una voluntad política transversal para corregir una distorsión histórica.

Una ley que terminó jugando en contra del deporte

La derogación no surge desde el rechazo a la regulación, sino desde el agotamiento de un modelo que se fue desvirtuando con el paso del tiempo. En los últimos años, la aplicación de la ley derivó en prácticas administrativas altamente cuestionables: exigencias inexistentes en el texto legal, revalidaciones arbitrarias de reconocimientos ya otorgados, requisitos documentales imposibles de cumplir y, lo más grave, la vulneración de derechos adquiridos y del principio de confianza legítima.

En la práctica, muchos instructores y representantes fueron tratados como si debieran “volver a pelear” por títulos que ya habían ganado legítimamente fuera del tatami.

El punto crítico: permisos, dinero y falta de control

Uno de los aspectos más delicados fue el financiero. Durante toda la vigencia de la ley, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) cobró solo 33 permisos asociados a su aplicación. Sin embargo, esos recursos no ingresaban a la Tesorería General de la República, sino que quedaban como ingresos propios de la institución.

Este mecanismo, absolutamente excepcional dentro del Estado, operaba sin un control financiero externo ordinario, quedando fuera de los estándares modernos de transparencia y probidad pública. Un golpe bajo que terminó por inclinar la balanza hacia la derogación.

Un nuevo ring, reglas claras y juego limpio

Con la eliminación de la Ley 18.356, las artes marciales pasan a regirse plenamente por la Ley del Deporte N° 19.712, integrándose al sistema deportivo nacional como cualquier otra disciplina. Esto implica supervisión de las autoridades deportivas competentes, igualdad normativa y respeto irrestricto a su valor formativo, cultural y patrimonial.

Se trata de un cambio histórico que no solo ordena la cancha, sino que devuelve dignidad y certeza jurídica a miles de practicantes a lo largo del país.

El combate final aún no termina

La votación pendiente en la Sala del Senado será el último asalto. Pero todo indica que el resultado está prácticamente definido. Si se concreta, Chile habrá dado un paso decisivo para modernizar su institucionalidad deportiva y cerrar una etapa marcada por la arbitrariedad.

Las artes marciales, por fin, dejarán de pelear contra la burocracia para concentrarse en lo que siempre debieron: formar, competir y aportar valores al deporte y a la sociedad.