Santiago amanecía con su rutina habitual, pero en las afueras del palacio presidencial algo rompía la inercia. No eran protestas tradicionales ni consignas políticas. Eran cerca de 70 karatekas, formados, disciplinados, varios de ellos vistiendo sus kimonos, los que llegaron el viernes cerca de las 13:30 horas hasta La Moneda con un objetivo claro: exigir urgencia a la derogación de la Ley 18.356.
No gritaban. No desordenaban. Pero su presencia hablaba fuerte.
La escena no fue casual. Detrás de este movimiento hay meses de gestión y articulación que tienen como figura central al diputado Roberto Arroyo, impulsor del proyecto que busca dejar atrás una normativa que, según los propios practicantes, ya no responde a la realidad actual de las artes marciales en Chile.
Entre los asistentes a la entrega de la carta destacaron figuras del mundo del karate como Carlos García-Huidobro, Carlos Salazar, Guillermo Montes, Aaron Sharkay y Miguel Soffia, quienes se sumaron a esta señal colectiva que mezcla disciplina, historia y una demanda concreta: modernizar el marco legal que regula su actividad.
La ley, aprobada hace décadas, ha sido cuestionada por su impacto en el desarrollo deportivo y laboral de quienes practican disciplinas como el karate. Para muchos instructores y academias, representa una traba más que una herramienta. Y ese malestar, silencioso por años, hoy se canaliza en una acción concreta.
La carta entregada al Ejecutivo no pide privilegios ni excepciones. Pide urgencia. Urgencia para que el proyecto —ya aprobado de manera transversal en la Cámara de Diputados— avance en su tramitación y no quede entrampado en los tiempos políticos.
Porque aquí, insisten, no hay color político.
“No es izquierda ni derecha, es deporte”, se repite entre los asistentes. Pero también es trabajo. Es sustento. Es la posibilidad de regularizar una actividad que mueve a miles de personas en el país y que hoy, según denuncian, opera bajo un marco legal que no dialoga con los tiempos.
El respaldo transversal que tuvo la iniciativa en la Cámara Baja no es menor. En un escenario político habitualmente fragmentado, este proyecto logró algo poco común: consenso. Un consenso que ahora se intenta traducir en acción concreta desde el Ejecutivo.
Mientras tanto, en la calle, los karatekas mantienen su postura. Firme, pero respetuosa. Como en el dojo.
Saben que la pelea no es física. Es legislativa.
Y esta vez, esperan ganarla.
