La mañana avanza lenta en Coronel, pero en los pasillos judiciales el tiempo parece comprimirse. No es una jornada cualquiera. Es el día en que el alcalde Boris Chamorro vuelve a enfrentar a la justicia, esta vez acompañado por ex integrantes del concejo municipal, en una causa que tensiona uno de los principios más sensibles de la administración pública: el correcto uso de los recursos fiscales.
Todo se remonta a 2020, en pleno contexto de pandemia. Mientras el país buscaba fórmulas para sostener la economía local, desde el municipio se adoptó una decisión que hoy es objeto de investigación penal: la condonación de una millonaria deuda por concepto de patentes comerciales a la empresa Embotelladora Llacolén. Lo que en su momento pudo interpretarse como una medida excepcional, hoy es examinado bajo la lupa del derecho penal.
La causa se origina tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, organismo encargado de resguardar los intereses patrimoniales del Estado. Según los antecedentes judiciales, la decisión habría implicado una significativa rebaja en los montos que la empresa debía pagar, situación que —de acreditarse irregularidades— podría configurar el delito de fraude al fisco.
Junto al alcalde, serán formalizados ex concejales de la época, además de un ex funcionario municipal vinculado al área jurídica. La audiencia, liderada por la fiscal Glenda Lagos, no busca establecer culpabilidad —eso corresponde a un eventual juicio oral—, sino comunicar formalmente los hechos que se investigan y los delitos que podrían derivarse de ellos.
En términos legales, el fraude al fisco implica la existencia de un perjuicio económico al Estado mediante actos dolosos o indebidos por parte de funcionarios públicos. Es un delito complejo, que requiere acreditar no solo la existencia de una decisión administrativa cuestionada, sino también la intención de generar un beneficio indebido o causar un daño fiscal.
Ahí radica el punto clave: no toda decisión discutible es delito. La administración pública, especialmente en contextos extraordinarios como una pandemia, opera muchas veces en zonas grises, donde la urgencia puede tensionar los procedimientos. Sin embargo, cuando esas decisiones implican recursos públicos, la línea entre discrecionalidad y responsabilidad penal se vuelve estrecha y exigente.
El proceso que comienza no es menor. Más allá de los nombres involucrados, instala nuevamente una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega la facultad de una autoridad para tomar decisiones excepcionales sin vulnerar la ley?
En Coronel, esa respuesta ya no será política ni administrativa. Será judicial. Y, como toda causa de esta naturaleza, su desenlace dependerá de lo que logre probarse en tribunales, bajo el principio fundamental que rige a todo imputado: la presunción de inocencia.
Porque al final, en el ejercicio del poder público, cada firma no solo autoriza una decisión. También deja una huella que, tarde o temprano, puede ser revisada.
