Una ley que se construyó desde la desconfianza, el control, la sospecha y el cobro de permisos, pero que nunca se pensó desde el apoyo, la capacitación ni el fortalecimiento de quienes forman personas.
Durante décadas, el Estado recaudó dinero por permisos, registros y autorizaciones, pero no fue capaz de generar políticas reales de calidad, formación ni desarrollo para los maestros, instructores y escuelas que día a día entregan contención, disciplina, valores y oportunidades a miles de niños, jóvenes y adultos.
Las artes marciales no son un problema que controlar:
son una solución social, un espacio de paz, de superación personal, de salud mental, de disciplina y de sentido de vida.
Más grave aún, que los recursos recaudados por esta ley ni siquiera ingresaran a la Tesorería General de la República, sino que se destinaran al propio sistema que controla, genera una lógica perversa: se financia el control, pero no el desarrollo de las personas.
Una ley justa no solo fiscaliza:
acompaña, forma, eleva y fortalece a quienes aportan al bien común.
La 18.356 no lo hizo.
Por eso su derogación no solo es legalmente necesaria:
es moralmente correcta.
La Ley 18.356 no fue una ley de apoyo:
fue una ley de control, sospecha y cobros.
Nunca fortaleció a quienes forman personas a través de las artes marciales.
Controló, recaudó y restringió, pero no capacitó ni desarrolló.
Derogarla no es un capricho:
es un acto de justicia con miles de niños, familias y maestros en Chile.
