La alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, interpuso una querella por presunta malversación de fondos en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), por un monto aproximado de $1.500 millones. La autoridad comunal señaló que se han detectado irregularidades en el uso de recursos, específicamente en la Subvención Escolar Preferencial (SEP), la subvención Pro Retención y proyectos de infraestructura educativa.
Ante estas acusaciones, el ex alcalde Cristián Peña explicó que el monto corresponde a un déficit presupuestario que se arrastra desde hace varios años, debido a que los gastos han superado los ingresos del sistema educacional. “La querella es por haber utilizado recursos para pagar a profesores. No es porque falte dinero o se haya gastado en otros fines, sino porque intentamos mantener los sueldos al día”, afirmó Peña.
Sin embargo, desde la administración actual sostienen que existe una discrepancia entre los saldos bancarios y los registros administrativos, lo que ha generado preocupación en el municipio. Tiznado enfatizó que los recursos debían destinarse a mejorar la calidad educativa de los estudiantes lebulenses y que su mal uso podría haber perjudicado el desarrollo de la educación en la comuna. “Necesitamos que el Ministerio Público investigue a fondo esta situación para esclarecer el destino de estos fondos”, declaró.
Como parte de las medidas adoptadas, la alcaldesa instruyó al director jurídico municipal presentar la querella y ordenó el inicio de sumarios administrativos en el DAEM para determinar posibles responsabilidades internas. Además, se llevará a cabo una auditoría interna con el fin de obtener mayores antecedentes.
Por su parte, Peña defendió su gestión, asegurando que es una práctica común en municipios pequeños enfrentar déficits presupuestarios utilizando distintas subvenciones, para luego restituir los fondos. “Cuando entregamos la administración municipal, no existía deuda previsional ni con los profesores. Cualquier otra situación, será tarea de los tribunales esclarecer si hubo irregularidades”, puntualizó.
El ex edil también atribuyó la querella a posibles motivos políticos y explicó que el déficit presupuestario se debe a la disminución de matrícula en la comuna. “El sistema educacional de Lebu está diseñado para 5.400 alumnos, pero actualmente no hay más de 4.600 inscritos, lo que afecta directamente las subvenciones”, explicó.
La investigación ahora está en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existen responsabilidades legales en el manejo de los fondos públicos destinados a la educación en Lebu.
