En un escenario político cada vez más polarizado, la reciente aprobación de la ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad ha generado intensos debates. Este organismo, propuesto como una solución para centralizar y modernizar la gestión de la seguridad pública, será dirigido por seremis que tendrán la responsabilidad de coordinarse con Carabineros y la PDI. Sin embargo, la crítica principal apunta a la falta de experiencia técnica y operativa que estos funcionarios podrían tener en temas de seguridad.
La votación en el Congreso no dejó indiferente a nadie. Diputados como Leonidas Romero, Camila Flores y otros, alzaron la voz y votaron en contra, argumentando que esta ley representa un riesgo más que un beneficio. Según Romero, Flores y otros parlamentarios, el problema radica en otorgar poder de mando a personas sin el conocimiento necesario para gestionar operativos policiales, lo que podría traducirse en una desconexión entre las políticas públicas y la realidad en terreno.
“Es una aberración entregar responsabilidades de esta envergadura a civiles que no tienen experiencia en seguridad ni en estrategias operativas. Esto no solo resta autonomía a instituciones fundamentales como Carabineros y la PDI, sino que puede convertirlas en herramientas políticas más que técnicas”, señalaron los parlamentarios en su intervención.
Por otro lado, los defensores de la iniciativa aseguran que este nuevo ministerio permitirá una coordinación más efectiva entre las distintas instituciones del Estado. Afirman que la seguridad ciudadana necesita un enfoque integral, donde políticas públicas, prevención y control operen de manera conjunta bajo una misma dirección estratégica.
Sin embargo, las críticas no se detienen ahí. Un número creciente de voces plantea que los recursos destinados a este nuevo ministerio representan un gasto innecesario que podría haberse utilizado de manera más eficiente. “Con ese presupuesto, podríamos haber contratado más personal policial, mejorado los sueldos de los efectivos actuales y entregado mayores atribuciones a Carabineros y la PDI. Medidas como esas reducirían la delincuencia de manera efectiva y sin burocracia”, expresan detractores de la ley.
El temor de algunos ciudadanos y expertos radica en que estas decisiones terminen debilitando aún más a instituciones que ya están cuestionadas por su desempeño. Además, consideran que la creación de este ministerio no aborda el problema central: la falta de recursos en terreno y el respaldo efectivo para quienes enfrentan día a día el flagelo de la delincuencia.
En una sociedad marcada por el aumento de delitos violentos y el clamor ciudadano por una mayor seguridad, la aprobación de este nuevo ministerio deja más preguntas que respuestas. ¿Será esta la solución que Chile necesita, o se trata de otro parche político que solo aumentará la desconfianza hacia las autoridades?
Lo cierto es que los desafíos en seguridad son profundos y urgentes. Mientras los debates en el Congreso se multiplican, la realidad en las calles exige acciones concretas y efectivas. Solo el tiempo dirá si esta nueva estructura gubernamental será capaz de responder a las demandas de una ciudadanía cansada de promesas incumplidas y medidas insuficientes.
Por ahora, el país observa con escepticismo y preocupación.
