Concepción, julio 2025 –
Los recientes accidentes en Chiguayante y Carampangue, donde conductores bajo efectos de drogas provocaron tragedias fatales, han vuelto a poner en la palestra una pregunta clave: ¿se puede garantizar que quienes conducen buses públicos estén en condiciones óptimas? Desde el Ministerio de Transportes la respuesta es compleja… y cara.
Durante su visita a la Región del Biobío, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, abordó con franqueza la dificultad de implementar controles frecuentes de drogas en los choferes de la locomoción colectiva del Gran Concepción. Aunque reconoció la gravedad del problema, el diagnóstico es claro: aplicar narcotest diarios sería “un dineral”.
El representante del MTT fue enfático en señalar que la actual estructura del Estado impide que su cartera lidere estas fiscalizaciones. “No tenemos facultades para hacer narcotest ni alcotest, esas son competencias de Senda y Carabineros”, aclaró. Aun así, la ciudadanía espera respuestas concretas y soluciones tangibles.
Consultado sobre si las propias empresas podrían asumir ese rol mediante controles internos, Daza no se mostró optimista. “Tendría que hacerse todos los días, al inicio o al final de la jornada. Eso es muy caro, extremadamente caro”, explicó, agregando que implementar este tipo de chequeos de manera constante requeriría una inversión multimillonaria.
Pese a las trabas económicas, el subsecretario insistió en que no se puede mirar hacia el costado. “Es vital fortalecer la prevención y la coordinación entre instituciones. Necesitamos más fiscalización, sin duda”, dijo, dejando entrever que el Gobierno buscará reforzar estos mecanismos sin recurrir, por ahora, a test sistemáticos.
En paralelo, envió un mensaje directo a quienes tienen en sus manos la seguridad de miles de personas cada día. “Un conductor drogado o ebrio es una amenaza. Tiene en sus manos vidas, y debe asumir esa responsabilidad con descanso adecuado y condiciones dignas de trabajo”, afirmó.
El debate está abierto. Mientras la ciudadanía exige seguridad en el transporte público, el Estado advierte que garantizarla tiene un precio… y no es bajo.
